La definición más utilizada es la de Transparencia Internacional, que la define como “el abuso del poder delegado para beneficio propio”, es decir, existe la corrupción tanto en el sector público como privado.

La corrupción es un problema que nos afecta a todos. Al tratarse de un abuso de poder y de una alteración de los mecanismos regulares, el beneficio que obtienen los corruptos es a costa de todos los demás.

Si se trata de un caso de corrupción en el ámbito de la Administración del Estado, puedes realizar una denuncia en el Portal Contraloría y Ciudadano. Esta plataforma no contempla denuncias al Poder Judicial, Banco Central, Ministerio Público ni a instituciones privadas. Si bien se solicita que te identifiques, la privacidad de tus datos será resguardada debidamente durante el proceso.

El Portal Contraloría y Ciudadano también permite realizar una Sugerencia de Fiscalización, que es una propuesta donde se entrega información general sobre alguna materia que pueda parecer relevante de fiscalizar. Tras recibir la sugerencia, la Contraloría evalúa la pertinencia y relevancia de fiscalizar y tomará las medidas correspondientes a cada caso.

Puedes participar activamente en la lucha contra la corrupción exigiendo el cumplimiento de la Ley de Transparencia, un mecanismo que transparenta las acciones, contratos y compras de los organismos públicos. También puedes ser parte activa denunciando los actos de corrupción en el Portal Ciudadano de la Contraloría y el portal Denuncia Seguro, de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

La UNCAC es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada en 2003. Es el primer acuerdo multilateral que combate la corrupción y que es vinculante legalmente para los estados firmantes. Se divide en 71 artículos y ocho capítulos, comprendiendo temas como la prevención del delito, la penalización y regulación, la cooperación internacional, la recuperación de activos producto de la corrupción, la asistencia técnica entre las instituciones y los mecanismos de aplicación.

La UNCAC tiene 164 Estados parte, pero sólo 140 son firmantes plenos. Chile es un Estado Parte de la UNCAC.

La UNCAC establece normas que los Estados miembros deben cumplir para prevenir y evitar la corrupción, para que las instituciones cooperen entre sí y para que los activos sean devueltos a los países víctimas de la corrupción.

La Convención define actos específicos de corrupción como el soborno, el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito entre otros delitos porque se consideró que el término de corrupción es cambiante en el tiempo y también respecto de cada Estado Parte.

La UNCAC cuenta con un proceso de seguimiento por capítulos y por pares (otros países) que revisan la implementación de la Convención. También hay un órgano de supervisión que se llama Grupo de Examen de la Aplicación. Chile ya fue evaluado en el primer ciclo por El Salvador y Ucrania. El informe está disponible aquí.

Desde marzo 2012, la Contraloría General de la República (CGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) coordinan el proyecto “Autoevaluación Participativa y Representativa de la Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción UNCAC”, iniciativa en la que participaron 23 entidades del sector público y privado y organizaciones de la sociedad civil organizada y que ha ido aumentando. Como parte de ese trabajo se conformó en junio de 2013 la Red Pública-Privada Anticorrupción.

En la actualidad reúne a representantes de 27 instituciones (ver instituciones) en la búsqueda de promover el proyecto de autoevaluación participativa y representativa de UNCAC en Chile, que promueve la transparencia y fortalecimiento de la gestión pública.

La creación de esta Mesa de Trabajo UNCAC surgió como parte del proyecto “Autoevaluación participativa y representativa de los capítulos II y V de la UNCAC en Chile”, que lideraron la Contraloría General de la República (CGR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Su propósito es asegurar la anticorrupción en las entidades público-privadas y la sociedad civil, a través de la generación de políticas de prevención de la corrupción adoptadas a partir de la Convención, junto con iniciativas de desarrollo emanadas en las propias mesas de trabajo, a fin de fortalecer una red de colaboración interinstitucional vinculada a las buenas prácticas.

En la lucha contra la corrupción se hace necesario que la sociedad civil se involucre y participe, convirtiéndose en fiscalizadores activos y estrictos de las acciones de los funcionarios públicos y de las instituciones.